El muy popular presidente salvadoreño Nayib Bukele dejó el cargo el jueves 30 de noviembre, fue reemplazado seis meses antes del final de su mandato y autorizado por el Parlamento a lanzar su campaña antes de su reelección en las elecciones de febrero de 2024.
El dirigente y su vicepresidente, Félix Ulloa, recibieron el voto favorable de 67 diputados gubernamentales para poder iniciar su campaña, mientras que otros 12 cargos electos votaron en contra. Su propuesta de ser reemplazado en el poder el viernes por la secretaria presidencial Claudia Juana Rodríguez de Guevara fue aprobada de inmediato, con 67 votos a favor y 11 en contra. El exalcalde, de 42 años, será así el primer presidente de El Salvador.
Bukele fue autorizado en septiembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia a representarse a sí mismo gracias a una interpretación de la Constitución que ha generado polémica en las filas de la oposición.
Durante la sesión parlamentaria, numerosos diputados del Gobierno elogiaron a su joven presidente, que goza de un inmenso apoyo de la población gracias a su guerra declarada, en marzo de 2022, a las bandas que sembraban el terror en este pequeño país centroamericano.
73.000 personas en prisión
Desde entonces, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros en un estado de emergencia ampliamente criticado por grupos de derechos humanos. Aproximadamente 7.000 personas inocentes fueron liberadas.
Mientras los representantes electos discutían la validez de la autorización otorgada a Bukele para postularse nuevamente, este realizaba el último acto oficial de su mandato: la colocación de la primera piedra del futuro Estadio Nacional, en las afueras de la capital San Salvador. Una donación de 100 millones de dólares de China.
Habilidoso comunicador con fuerte presencia en las redes sociales, que voluntariamente abandona la ropa por un look casual, Nayib Bukele ha liderado un mandato alejado de los códigos políticos tradicionales. Opositores, como la diputada del partido Vamos (derecha) Claudia Ortiz, creen que su reelección sería «inconstitucional».
