Banco Atlántida, Ficohsa, Promérica, BAC, Banrural, Banpaís y Lafise: su lugar en INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El reporte oficial de inversiones de junio reporta un conjunto global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de las inversiones de INJUPEMP?

En los registros legibles del informe no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. Por su parte, la administración central figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras denominados tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.

En dólares, los bonos del Gobierno totalizan USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones colocados en instrumentos nominados en divisas extranjeras, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte. El remanente pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en moneda estadounidense de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: títulos de deuda subordinada junto con certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones que ascienden a L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, y una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, a 360 días y con tasa de 7.75 %, vencía el 27 de octubre de 2026, y el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, aunque han generado un notable interés entre los cotizantes. Según el informe, dicha cifra equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse el reporte, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallar el rumbo de dichos fondos.

En cuanto a las condiciones de esta operación, el director de INJUPEMP indicó que las acciones preferentes contemplan un dividendo anual del 9.5 %, con pagos semestrales a partir de junio de 2027. Este rendimiento y su calendario de distribución permiten conocer mejor las características de la inversión y el lugar que ocupa dentro del patrimonio del instituto.

¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Ante una colocación que altera el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Vigilar el rumbo de estos fondos exige asimismo examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP facilita la consulta de los importes, las entidades emisoras y las características de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a ello, los números no permanecen estáticos: tanto los vencimientos como los movimientos recientes alteran la cartera, por lo que resulta crucial considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información de manera adecuada.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta posible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros que opera en varios territorios de Centroamérica.