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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes un plan urgente para reformar la Corte Suprema, actualmente dominada por una mayoría conservadora. La polémica iniciativa busca dejar una huella distintiva en sus últimos seis meses de mandato.
Desde hace varias semanas, Biden ha expresado su intención de introducir varios cambios en el tribunal, incluida la limitación de los mandatos de los jueces, que actualmente son vitalicios. Esto significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, lo que permite que una mayoría conservadora (seis jueces contra tres) aguante durante décadas. La Casa Blanca dice que es necesario establecer límites para evitar que los jueces permanezcan en sus cargos indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos jueces, aumentando aún más la influencia conservadora en la corte. Trump nombró a tres jueces durante su primer mandato y su enfoque incluyó seleccionar candidatos jóvenes que pudieran influir en la corte durante mucho tiempo. Hasta ahora, Biden ha logrado nombrar a Ketanji Brown Jackson, de 54 años, como su única opción.
Biden pronto revelará más detalles de su plan en un esfuerzo por abordar cuestiones constitucionales y restablecer el equilibrio en la corte, particularmente en respuesta a fallos recientes que afectaron la inmunidad presidencial de Trump. También hay planes para crear un código de conducta “vinculante y ejecutable” para los jueces.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso altamente polarizado, lo que dificulta que el Presidente apruebe las medidas propuestas.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que “nadie está por encima de la ley”, subrayando la importancia de la confianza del público en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en cuestiones que afectan las libertades personales. El fallo “Roe v. Wade” de 1973 que legalizó el aborto fue objeto de un intenso debate y desde entonces ha llevado a muchos estados a promulgar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados han promulgado una prohibición total o parcial de esta práctica.
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