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Miembros de la Comisión de Seguridad y Antidrogas han propuesto una reforma legal para criminalizar a quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en las instalaciones penitenciarias.
Esta iniciativa busca combatir la actividad criminal dentro de las prisiones mediante la imposición de cargos penales a quienes instalen ilegalmente dispositivos de comunicación.
Según datos proporcionados por la Dirección de Ajuste Social, entre octubre y diciembre de 2023, policías penitenciarios incautaron 784 teléfonos móviles y 563 chips internacionales de países tan diversos como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la introducción ilegal en las cárceles de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos tecnológicos con el fin de establecer comunicación con el mundo exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
La enmienda al Código Penal estipula que los acusados que sean declarados culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en centros penitenciarios se enfrentarán a penas de prisión de dos a cuatro años, a menos que tengan la autoridad legal adecuada para hacerlo.
Para funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos, profesionales del derecho u otras personas que tengan autorización especial para ingresar, la comisión de este delito se consideraría grave.
La pena prevista se incrementaría en un tercio si se comprobara que alguien había introducido dichos dispositivos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios cerrados o si el responsable fuera un funcionario público.
Esta medida surge en respuesta a la decisión de la Sala Constitucional del 20 de junio de 2001, que establece que en materia represiva se debe asegurar la intervención del legislador y definir los derechos jurídicos de los ciudadanos, y en ella se definen los pasos específicos que debe ser seguido. .
En relación con la facultad de los legisladores para establecer normas penales, la Sala Constitucional mencionó que corresponde al legislador definir qué conductas deben ser consideradas delictivas y sancionadas como tales, ya que la determinación de las obligaciones jurídicas que deben tenerse en cuenta en La legislación penal es una decisión de carácter político, que responde al legislador.
Se requiere el voto unánime de los legisladores presentes para aprobar este proyecto de ley. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema, es importante tener en cuenta que en caso de oposición de esta instancia será necesario contar con la aprobación plena de los votos emitidos.
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