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Cuatro empleados del poder judicial de Nicaragua se encuentran desaparecidos desde hace más de cinco meses desde su detención el 5 de abril de 2024. Estos funcionarios son Sayda María Sequeira Vanegas y su socio Domingo Antonio Munguía Carrión, así como Brenda Yahosca Sequeira Vanegas y Ovidio Yoan Aguirre Hurtecho. . La situación fue condenada como un acto de desaparición forzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según información de fuentes cercanas a la justicia, la detención de Brenda y Ovidio está relacionada con la renuncia de sus cargos, motivada por el descontento con las reformas salariales y la pérdida de beneficios laborales. Se planteó la posibilidad de que la pareja emigrara a Estados Unidos, donde tenían familiares dispuestos a ayudarlos a establecerse. Sayda y Domingo, por su parte, continuaron en sus roles, pero se unieron a Brenda y Ovidio por vínculos familiares, ya que Brenda y Sayda son hermanas.
Brenda Yahoska ha trabajado en el poder judicial durante aproximadamente 20 años, comenzando como portera y gradualmente convirtiéndose en asistente del juez Armengolo Cuadra. Su esposo, Ovidio Aguirre, tenía 16 años de experiencia en la institución y al momento de su renuncia era asesor jurídico de la Corte Suprema. Ambos eran miembros activos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y recibieron carnés de afiliados.
A pesar de su situación, Brenda y Ovidio no han podido recibir visitas familiares desde su arresto. Actualmente, Brenda sólo puede recibir paquetes cada quince días en el penal La Esperanza, mientras que Ovidio se encuentra recluido en «La Modelo» donde también recibe paquetes pero no visitas.
En cuanto a Sayda y Domingo, ella trabajó durante 12 años en el sistema judicial, desempeñando el cargo de auxiliar en los juzgados de Managua. A pesar de ser miembro del FSLN y participar en actividades partidarias, Sayda no renunció a su cargo al momento de su captura. Ni siquiera ha recibido visitas familiares y sólo puede recibir paquetes cada dos semanas.
Domingo, por su parte, fue chófer de un juez y trabajó en la policía estatal antes de incorporarse al poder judicial. Desde que lo capturaron no ha tenido contacto con su familia, ni siquiera a través de entrega de paquetes.
Los cuatro detenidos no son figuras destacadas del sistema judicial y no se han presentado cargos formales contra ellos. Su arresto se enmarca en un contexto más amplio de despidos masivos en el poder judicial, que han afectado a más de mil trabajadores y funcionarios desde octubre de 2023.
La falta de información sobre su paradero y el silencio del gobierno sobre su situación han generado preocupación entre familiares y organizaciones de derechos humanos, que ven el caso como un ejemplo más de represión y control por parte del régimen.
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