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“El agua vale más que el litio”, “¡No a la reforma! », leemos el jueves 20 de julio, en las pancartas enarboladas en las manifestaciones que congregan a varios miles de personas en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, y en Buenos Aires. Esa noche, la región conmemoró el «noche del apagon»«la noche del apagón»: los cortes de luz orquestados en 1976 por la junta militar entonces en el poder, para llevar a cabo el secuestro, detención o asesinato de 400 personas en la provincia, de las cuales 33 continúan desaparecidas.
Esta vez, con los tradicionales gestos conmemorativos, organizados por la 47ªY aniversario de esta noche de terror, se han añadido nuevas peticiones. Las comunidades indígenas de la provincia protestan contra una reforma a la constitución local, que creen que está siendo ejecutada a paso acelerado por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Las enmiendas aprobadas en tres semanas, frente a los tres meses de debate inicialmente previstos, hacen temer a las comunidades indígenas que estarán menos protegidas ante el avance de la extracción de litio en la región.
A mediados de junio, cientos de personas descendieron de la puna Argentina, altiplano andino, hacia San Salvador de Jujuy, la capital provincial, para protestar contra esta reforma. El día de su adopción, 20 de junio, las manifestaciones organizadas frente a la Asamblea Constituyente habían sido brutalmente reprimidas, con 96 heridos según las autoridades locales.
“Este proceso constituyente se dio de manera “exprés”, con muy poca consulta a las comunidades indígenas, explica Pablo Gargiulo, abogado miembro de Andhes, asociación de abogados del norte argentino. Este es un tema delicado porque Argentina ha suscrito una serie de tratados y convenios internacionales que reconocen su derecho a ser informado de medidas que puedan lesionar sus intereses. »
Búsquedas y arrestos
Esta no consulta, defendida por el gobierno local, estaría en contradicción no solo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, sino también con la constitución nacional, que prevalece sobre las constituciones de las provincias.
Particularmente denigrado, el nuevo artículo 67 sanciona la prohibición de cortar «carreteras y calles, así como cualquier otra perturbación del derecho a la libre circulación de las personas». Al bloquear los caminos que conducen a Chile y Bolivia como las formas más comunes de acción directa de las comunidades indígenas, la introducción de esta nueva ley limita severamente sus posibilidades de manifestarse y visibilizar sus reclamos.
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