Ecuador se ha añadido a la corta lista de países donde ahora es posible la eutanasia. En un fallo hecho público el 7 de febrero, la Corte Suprema del Ecuador despenalizó la práctica. Por nueve votos contra dos, los jueces del Tribunal Superior han dictaminado que un médico que acorta el sufrimiento de un paciente que padece una enfermedad incurable no puede ser procesado por asesinato. Instaron a la legislatura a regular la eutanasia. Por parte de la Iglesia católica, la conferencia episcopal reaccionó el jueves 15 de febrero calificando la decisión como «diabólico».
La recurrente, Paola Roldán, así lo dijo “Muy conmovido y aliviado” después de enterarse de que había ganado su larga batalla legal. “Hoy Ecuador es un país un poco más acogedor, un poco más libre, un poco más digno”. añadió, durante la breve conferencia de prensa virtual que realizó, rodeada de su familia y sus abogados.
Esta mujer de 42 años, que acaba de obtener el derecho a quitarse la vida, vive desde hace meses en cama y conectada a un ventilador. Se expresa con dificultad. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le diagnosticaron poco después del nacimiento de su hijo en 2020, la paraliza y la tortura. “La ELA es despiadada, cada día soy testigo de mi vertiginoso descenso”, escribió Paola en enero en la red social La ELA, o enfermedad de Charcot, es una enfermedad neurodegenerativa rara e incurable que afecta a las neuronas motoras y limita progresivamente toda la actividad muscular.
“Autorización acelerada”
“ He tenido una vida plena, merezco morir dignamente», Paola Roldán no deja de repetirlo desde que, en agosto de 2023, decidió emprender acciones legales. Muy activa en las redes sociales, transformó su tragedia personal en una causa social. El Tribunal Supremo le concedió una “autorización acelerada”, ahora puede morir «cuando lo considere oportuno», dijo uno de sus abogados, Ramiro Ávila.
La Corte Suprema de Ecuador así lo afirmó “inconstitucionalidad condicional” del artículo 144 del código penal que prevé pena de prisión de tres a diez años “para cualquiera que mate a otra persona”. A partir de ahora estas sanciones dejarán de ser aplicables «al médico que implementa un proceso de eutanasia activa con el fin de preservar el derecho del paciente a una vida digna y al libre desarrollo de su personalidad». Los magistrados lo consideraron “la vida admite excepciones a su inviolabilidad cuando tiene por objeto proteger otros derechos”.
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