by El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha mostrado este martes su satisfacción tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado por unanimidad tramitar el recurso interpuesto por las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024, que establece una amnistía para las instituciones , normalización política y social de Cataluña. Azcón afirmó que esta decisión del TC es un paso importante para garantizar «el respeto al Estado de derecho» y demostrar que la ley es inconstitucional, como han señalado numerosos abogados de todo el país.
El recurso aragonés es el primero de los 15 interpuestos contra esta ley por los gobiernos y parlamentos de las distintas comunidades autónomas. Según Azcón, la aceptación del recurso refleja que «la defensa de la Constitución prevalece sobre cualquier otro interés», y destacó el papel de Aragón a la hora de liderar esta lucha jurídica contra una norma que, a su juicio, contradice los principios básicos de la la Constitución. Constitución.
Un paso significativo para defender la constitución
Azcón destacó que la decisión del TC es «una buena noticia» para los aragoneses, que dice están representados en esta acción por las Cortes de Aragón. Para el presidente regional, la ley de amnistía es «injusta» y contradice la Constitución, porque intenta normalizar situaciones que, desde su punto de vista, no pueden quedar fuera del marco legal del país.
El dirigente aragonés destacó que la unanimidad del TC al aceptar el recurso es una clara señal de que existen dudas razonables sobre la constitucionalidad de la norma. «Este auto del Tribunal Constitucional da y quita razones», ha afirmado Azcón, que ve la aceptación del recurso como un triunfo de los aragoneses y de todos los que defienden la legalidad y el Estado de derecho.
Consenso político en Aragón contra la ley de amnistía
El desafío presentado por el TC contó con el apoyo de una amplia mayoría en las Cortes de Aragón, incluidos los partidos PP, VOX, Teruel Existen y PAR. Azcón enfatizó que este consenso político refleja el rechazo generalizado a la ley, que considera lesiva para la democracia y el equilibrio constitucional del país. Como explicó, la norma no sólo es injusta sino que también abre la puerta a concesiones políticas que, según él, socavan la integridad del Estado.
El presidente aragonés no ha dudado en criticar al Gobierno central y al presidente Pedro Sánchez, acusándolos de utilizar la ley de amnistía como herramienta para alcanzar acuerdos políticos a cambio de votos en el Congreso. Según Azcón, «el mundo entero sabe que la amnistía es un intercambio de favores políticos por escaños» y que con esta ley el Gobierno concede privilegios a partidos catalanes que están fuera del marco legal y vulneran los principios de la Constitución. .
Apoyo de la comunidad jurídica
Azcón aseguró que la «abrumadora mayoría» de los expertos en derecho constitucional en España cree que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Según el presidente de Aragón, esta opinión es compartida por destacados miembros del Partido Socialista y en su momento incluso por el propio Pedro Sánchez, que también reconocería dudas sobre la constitucionalidad de una norma de este tipo.
En sus declaraciones, Azcón destacó que el recurso presentado a las Cortes de Aragón refleja el compromiso de la comunidad con la defensa de la legalidad y la Constitución. «Es gratificante que el pueblo de Aragón esté a la vanguardia de la defensa del Estado de derecho», afirmó, subrayando que la ley no sólo es injusta, sino que también representa una transferencia de poder que compromete los valores democráticos del país.
Críticas al gobierno central y la ley de amnistía
El presidente aragonés, en particular, criticó al presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de «abuso de poder» y de ceder ante los partidos catalanes para conseguir apoyo político en el Congreso. Azcón insistió en que la amnistía es una medida que no respeta el marco constitucional y atenta contra la integridad del Estado. Según el dirigente regional, esta ley es un claro ejemplo de cómo el Gobierno central está dispuesto a hacer concesiones que comprometen la legalidad para mantenerse en el poder.
En este contexto, Azcón reafirmó su compromiso con los valores democráticos y la defensa de la Constitución y aseguró que Aragón seguirá liderando la lucha contra esta ley. Para el presidente, la convocatoria al TC es una muestra de que la comunidad autónoma está comprometida con proteger los intereses de todos los ciudadanos y preservar el Estado de derecho.
Un llamado a la unidad en defensa del Estado de derecho
En sus declaraciones, Azcón llamó a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y los valores democráticos. Según el presidente aragonés, estimar el recurso del TC es sólo el primer paso en una batalla legal para lograr que la ley de amnistía sea declarada inconstitucional y que se respete el marco legal del país.
El dirigente regional destacó que la lucha contra la ley de amnistía no es sólo una cuestión política, sino también un compromiso con los principios básicos que sustentan la democracia en España. Para Azcón, el apoyo de la comunidad jurídica y el consenso político en Aragón es una prueba de que esta lucha tiene un amplio respaldo y que es posible defender los valores democráticos frente a las concesiones políticas.
El futuro de la ley de amnistía en manos del TC
Al admitir el recurso, será el Tribunal Constitucional el que finalmente decidirá sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si bien el proceso judicial puede tomar algún tiempo, la decisión del TC será crucial para definir el futuro de esta norma y su impacto en el escenario político del país. Para Azcón, la unanimidad del tribunal al aceptar el recurso es una señal positiva que fortalece la esperanza de que la ley sea declarada inconstitucional.
Mientras tanto, el presidente de Aragón reafirmó su compromiso de defender la constitución y luchar por una democracia sólida y respetuosa del Estado de derecho. Según Azcón, los aragoneses pueden sentirse orgullosos de estar al frente de esta batalla jurídica para conseguir que los principios básicos de la democracia prevalezcan sobre los intereses políticos.
